Queda claro que la única voz crítica a la aprobación fue la de NUESTRO CONSEJERO SUPERIOR ESTUDIANTIL, estudiante de la FTS, LAUTARO VARISCO.
Varios investigadores, docentes y ONG rechazan estos fondos
El año pasado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó el reparto de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Catamarca), por unos 50 millones de pesos y ahora, por otros 36 millones más. Los montos provienen de esta empresa que es investigada por incurrir en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud.
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El debate al interior de la UNER
En octubre de 2008, el Consejo Superior de la UNER trató la cuestión y en un acalorado debate puso a consideración la resolución, pero a la hora de votar, los integrantes del CS no levantaron su mano precisamente en contra de los fondos y en su lugar, los aceptaron con la salvedad de propiciar “un estudio sobre las posibles consecuencias ambientales que podría provocar la explotación de estos Yacimientos” La aceptación de esa moción fue por mayoría.
Lautaro Varisco Bonaparte, representante estudiantil en el Consejo Superior, fue uno de los que se abstuvo alegando que es por todos sabido que “la explotación de las minas de oro producen un daño serio”.
En el acta de aquella reunión, figuran todas las opiniones al respecto. Amparándose en la necesidad de contar con información científica y técnica, unos propusieron esperar a contar con esos datos antes de tomar una decisión; otros recordaron que muchas veces llegan aportes “del Tesoro Nacional que son ganancias de empresas y no sabemos cuáles son. Quizás son empresas que están contaminando, pero ahora como tenemos claro de dónde vienen, estamos rechazando ese subsidio”, como propuso la consejera de los administrativos, Rosa Gorelik.
Mientras que luego de una extensa intervención, el consejero docente Mauricio Fiedrich dijo que le parecía una nimiedad oponerse “a recibir unos fondos —que tampoco son tan importantes— con argumentos de tanto peso, si no discutimos también qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de papel jugamos quienes estamos desarrollando profesionales en las nuevas tecnologías. Me impactó el tenor del tema, pero me gustaría hacerlo en un foro especial, discutiendo la filosofía profunda de las herencias que debemos legar, no oponernos por oponernos”.
En ningún momento del intercambio de ideas, se aludió a la causa abierta por la Justicia Federal sobre la posible contaminación y por la cual se investiga al vicepresidente del complejo minero; así como tampoco se hizo demasiada referencia a un dilema de tipo ético antes de tomar esta decisión.
El rector atinó a comentar que un debate similar se había producido en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional y aclaró que “estos fondos no son de las minas. Se los llama así porque es la regalía que quienes explotan estas minas deben pagar a una empresa mixta conformada por el Estado Nacional donde está la Universidad Nacional de Tucumán en el directorio. Esta casa de estudios tuvo una participación importante porque fue quien descubriera estos yacimientos y los registraron como tales. Entonces, no estamos recibiendo ningún fondo de la mina sino una regalía que le corresponde al Estado Nacional y que por ley decidió distribuirla entre quienes habían sido sus descubridores y todo el sistema universitario nacional”.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María Laura Méndez, agregó la necesidad de aceptar dada la urgencia, pero “con objeciones, que se haga público y de repetirse la situación, se revise de dónde vienen los fondos para la Universidad”.
Nota completa: www.eldiario.com.ar/textocomp.asp?id=173825
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