El Consejo Directivo de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) decidió revisar la decisión tomada en su última reunión y, por votación, decidió rechazar los fondos provenientes de la mina La Alumbrera y plegarse a la solicitud de reconsideración sobre este tema en el seno del Consejo Superior de la universidad.
Esto sucedió en el día de ayer, en una extensa y maratónica sesión, contó con la presencia de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que remitió una nota leída antes de iniciar la sesión donde exhortaba a no aceptar los fondos y, además, calificaba de “inmoral y falto de ética la aceptación de los fondos provenientes de estos emprendimientos contaminantes y saqueadores”
Este nuevo rechazo se suma a los provenientes desde las Facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación e Ingeniería, cuyos Consejos Directivos también se han manifestado por la negativa a la recepción de los fondos, siendo así cuatro las unidades académicas que se oponen a recibir este financiamiento espurio e ilegítimo.
Cabe recordar que el vicepresidente de la minera Julián Rooney se encuentra procesado por el delito de contaminación ambiental en la provincia de Tucumán, como producto de una avalancha de denuncias efectuadas por los habitantes de dicha zona de nuestro país y múltiples movimientos sociales y organizaciones ambientales que vienen luchando contra los devastadores efectos que provocan los emprendimientos mineros sobre el ambiente y la salud de las personas. En este sentido, esta misma está acusada de presunto contrabando en el puerto exportador privado de La Alumbrera en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
¿Por qué está procesado el vicepresidente y no otros directivos de la misma empresa? La respuesta la da el fiscal federal de Tucumán que interviene en la causa, Antonio Gustavo Gomez: “Porque, aunque parezca mentira, no sabemos quiénes son. Los registros de la AFIP no estaban actualizados y los de personería jurídica, menos. La Alumbrera tiene domicilio en una isla del Caribe”. Justamente, se espera que el año próximo se realice el juicio oral y público, y si hubiera condena, se abriría una segunda causa vinculada con el lavado de dinero: “Aquí serán investigados todos aquellos que, informados de que el dinero recibido proviene de la propia empresa, decidan aceptarlo; por lo cual desde los decanos hasta los rectores de las universidades que aceptan estos fondos quedarían directamente vinculados” agregó Gomez en declaraciones recientes a la prensa.
Esto sucedió en el día de ayer, en una extensa y maratónica sesión, contó con la presencia de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que remitió una nota leída antes de iniciar la sesión donde exhortaba a no aceptar los fondos y, además, calificaba de “inmoral y falto de ética la aceptación de los fondos provenientes de estos emprendimientos contaminantes y saqueadores”
Este nuevo rechazo se suma a los provenientes desde las Facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación e Ingeniería, cuyos Consejos Directivos también se han manifestado por la negativa a la recepción de los fondos, siendo así cuatro las unidades académicas que se oponen a recibir este financiamiento espurio e ilegítimo.
Cabe recordar que el vicepresidente de la minera Julián Rooney se encuentra procesado por el delito de contaminación ambiental en la provincia de Tucumán, como producto de una avalancha de denuncias efectuadas por los habitantes de dicha zona de nuestro país y múltiples movimientos sociales y organizaciones ambientales que vienen luchando contra los devastadores efectos que provocan los emprendimientos mineros sobre el ambiente y la salud de las personas. En este sentido, esta misma está acusada de presunto contrabando en el puerto exportador privado de La Alumbrera en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
¿Por qué está procesado el vicepresidente y no otros directivos de la misma empresa? La respuesta la da el fiscal federal de Tucumán que interviene en la causa, Antonio Gustavo Gomez: “Porque, aunque parezca mentira, no sabemos quiénes son. Los registros de la AFIP no estaban actualizados y los de personería jurídica, menos. La Alumbrera tiene domicilio en una isla del Caribe”. Justamente, se espera que el año próximo se realice el juicio oral y público, y si hubiera condena, se abriría una segunda causa vinculada con el lavado de dinero: “Aquí serán investigados todos aquellos que, informados de que el dinero recibido proviene de la propia empresa, decidan aceptarlo; por lo cual desde los decanos hasta los rectores de las universidades que aceptan estos fondos quedarían directamente vinculados” agregó Gomez en declaraciones recientes a la prensa.
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